El exfiscal guatemalteco Dennis Herrera, en una entrevista de video para el Impunity Observer (parte uno y dos), explicó por qué el Departamento de Estado de EE. UU. (DOS) lo persiguió e incluyó en la Lista Engel. Tres exfuncionarios guatemaltecos –el fiscal Juan Francisco Sandoval y las jueces Erika Aifán y Gloria Porras– cometieron crímenes en contra de Herrera como parte de la agenda política del DOS.
¿Embajador estadounidense o procónsul?
Herrera fue fiscal de 2004 a 2016. Su primer contacto con el DOS fue en 2015 cuando investigaba un caso penal en contra de un banco estadounidense. Herrera logró obtener órdenes de arresto con alcance internacional en contra de las personas involucradas. Ese año, la entonces fiscal general Thelma Aldana lo citó a una comparecencia y Herrera se sorprendió al ver que Todd Robinson, el entonces embajador de Estados Unidos, se encontraba allí.
Aldana criticó tajantemente las acciones de Herrera en frente de Robinson. Herrera sabía que algo estaba mal, porque Aldana había autorizado esas acciones antes. Además, como la fiscal general sabía, las órdenes de arresto involucraban a varias oficinas y obviamente a ciertas cortes. Un mes más tarde, Aldana removió a Herrera del caso, y él no cree que las órdenes de arresto hayan sido ejecutadas.
Robinson intervino ilegalmente en el proceso penal y fue aparentemente exitoso en hacer que el caso se disipe. Esto es consistente con el periodo en el que Robinson fue embajador. Cuando los reporteros le preguntaron a Robinson en 2016 si sus acciones violaban la soberanía guatemalteca, su ilustre respuesta fue: “en la lista de mis preocupaciones, la soberanía va al final”.
Puedes partir, pero no irte del todo
Luego de dejar la fiscalía en 2016, Herrera ejerció derecho penal en el sector privado. En 2019, el Colegio de Abogados eligió a Herrera a la Comisión de Postulación de Magistrados.
Uno de los clientes de Herrera, Gustavo Alejos, ha sido influyente políticamente y ha sido sujeto a acciones penales en su contra. El DOS acusó a Alejos de promover ilegalmente la asignación de jueces corruptos y denominó al caso “Comisiones Paralelas 2020”.
Cuando Herrera se percató de que los periódicos guatemaltecos La Hora y ElPeriódico reportaban la acusación hecha por Sandoval sobre Herrera –quien supuestamente era un agente ilegal trabajando para Alejos– Herrera fue a la oficina de Sandoval y le solicitó ver el caso en su contra. Sandoval le dijo que el caso estaba bajo reserva y que nadie podía acceder a este. Sandoval también se contradijo a sí mismo y dijo que no estaba investigando a Herrera.
Herrera pidió información sobre un carro que se estacionaba frente a su oficina y la policía le dijo que pertenecía a la oficina de Sandoval. Herrera fue, entonces, a solicitar una orden judicial para obligar a Sandoval a que le muestre el caso en su contra. De acuerdo con la legislación guatemalteca, todos los individuos tienen derecho a ver la evidencia en su contra, incluso si el caso está bajo reserva. Sin embargo, Herrera no pudo encontrar el caso en las cortes convencionales.
El caso que no existe o permanece oculto
Herrera sabía que Sandoval había cometido actos ilegales y que su cómplice en la ejecución de la agenda del DOS era la juez Érika Aifán del Juzgado de Mayor Riesgo D. Para que un caso sea asignado a un juzgado de mayor riesgo, el fiscal general debe solicitarlo a la Corte Suprema.
El sistema judicial asignó al juez Mynor Moto la solicitud del caso de Herrera, quien estuvo de acuerdo con Herrera acerca de que él tenía el derecho constitucional de acceder a información en su contra, si el caso existía. Herrera pidió al fiscal general y a la Corte Suprema, por medio del juez Moto, y ellos respondieron que no existía ni petición ni aprobación de que se coloque un caso en contra de Herrera en un juzgado de mayor riesgo. Moto y Herrera luego descubrieron que Aifán, en complicidad con Sandoval, había circunvalado al Ministerio Público y a la Corte Suprema para tomar el caso.
Sandoval dijo que Aifán era la juez natural para el caso porque ella manejaba el grupo de casos de 2016 que involucraban actos de corrupción y eran conocidos como multicausa. Sandoval creía que el caso de Herrera y Comisiones Paralelas 2020 tenían que ser parte de la serie de casos multicausa. El exprofesor de derecho y asesor de Impunity Observer, José Luis González Dubon, dice que la Corte de Constitucionalidad (CC) ha argumentado que agrupar estos casos es inconstitucional. Para González, también fue inconstitucional añadir el caso de Herrera a estos. Aifán ha violado la ley y ha cometido una felonía al adjudicarse el caso de Herrera.
Ignorar a la Cicig es un suicidio en la Guatemala del DOS
Cuando Moto estaba trabajando en el caso de Herrera, el Colegio de Abogados lo asignó para servir el resto del periodo del fallecido magistrado de la CC, Bonerge Mejía. Moto no había cedido ante la presión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU –un brazo del DOS que perseguía a sus enemigos políticos– en sus casos ante él. Por lo tanto, el DOS quería mantener a Moto fuera de la corte.
El DOS contaba con Gloria Porras, por quien Robinson había presionado ilegalmente al Congreso para que se la asignara a la CC en 2016. Ella dominó a la CC diciendo a sus compañeros magistrados que el embajador de EE. UU. esperaba que voten como ella dicte. Porras cometió muchos crímenes al ejecutar la agenda del DOS.
El Congreso juramentó a Moto como magistrado de la CC el viernes, 29 de enero de 2021. Porras se negó a que Moto ocupara su escaño, diciendo que habían reclamos pendientes en su contra. Eso fue ilegal. Ella debió permitirlo, y cualquier denuncia podría haber proseguido.
Una hora y media después de que Porras negó a Moto su escaño en la CC, Aifán emitió órdenes de arresto en contra de Herrera y Moto por obstrucción a la justicia, siguiendo un pedido de Sandoval. La evidencia consistía en sus esfuerzos legales por descubrir si había un caso en contra de Herrera, y si lo había, en qué corte se encontraba.
Sin embargo, Moto gozaba de inmunidad como juez de una corte menor y luego como magistrado de la CC a partir de que el Congreso lo juramentó. Es ilegal para un juez que emita una orden de arresto en contra de cualquier funcionario con inmunidad. Sandoval y Aifán repetida y abiertamente violaron la ley porque tenían el apoyo del DOS y estaban desesperados por mantener a Moto fuera de la CC.
Para el lunes siguiente, la policía estaba esperando a Moto para arrestarlo ilegalmente si él iba a la corte. Él nunca sirvió en dicho cargo como la ley lo requería.
Una oferta que él rechazó
Herrera dice que el hermano de Sandoval, Ronald, lo visitó en su oficina y le ofreció desaparecer su caso por $20.000. Herrera lo rechazó y presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público. En 2019, Juan Francisco Sandoval dijo a Herrera que él podría dejar el caso en su contra si Herrera testificaba en contra de la fiscal general Consuelo Porras. Herrera dijo que él no la conocía y que no podía seguir el guión de Sandoval.
El DOS subsecuentemente colocó a Herrera en la Lista Engel en represalia por no testificar falsamente en contra de Porras. La justificación del DOS acerca de aquellas sanciones fue la participación en el caso Comisiones Paralelas 2020. Esto fue a pesar de que Herrera no había votado por ningún candidato que el DOS mencionaba que su cliente Alejos estaba apoyando.
Reivindicación de Moto y Herrera
De acuerdo con una resolución de la CC en una solicitud de amparo de Moto, el 30 de noviembre, una corte menor anuló todo lo que Aifán había hecho en el caso Moto-Herrera. La corte se percató que ella y los demás funcionarios involucrados podrían estar involucrados en delitos. Ellos también son responsables de penas civiles significativas por el daño ocasionado a Moto y Herrera. El DOS, como constantemente lo hace con todos los casos en contra de sus agentes, denominará a esto corrupción. Aquello, pese al claro razonamiento legal de la corte y la evidencia documentada, ahora pública, acerca de los crímenes de los funcionarios.
Un propósito de la Ley de Mayor Colaboración entre Estados Unidos y el Triángulo Norte que creó la Lista Engel era la promoción de “procesos transparentes y basados en mérito para la selección de fiscales y jueces”. El DOS ha violado la voluntad del Congreso de EE. UU. con su intervención ilegal en contra de la reasignación de Consuelo Porras que ocurrió a pesar de los esfuerzos significativos de interrumpirlo con acciones como la persecución Herrera-Moto.
El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, mencionó que estar en la Lista Engel estigmatiza a los individuos sancionados. Aunque el DOS no cita evidencia en contra de Herrera, su sanción ha resultado en el cierre de cuentas bancarias a su nombre y la pérdida de clientes. Esto hace a la declaración de Nichols una confesión de la criminalidad del DOS. El DOS es despiadado y desvergonzado al momento de imponer su agenda criminal y totalitaria en Guatemala.
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