La Casa Blanca anunció el viernes pasado que el presidente de Guatemala Jimmy Morales se reuniría con Donald Trump el 15 de julio para discutir temas de inmigración y seguridad. Ayer, sin embargo, Morales anunció que “reprogramaría” la reunión por “especulaciones” y acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
Además de ser la última palabra en asuntos judiciales, la CC es una cómplice colectivista del “Estado profundo” estadounidense. Esta facción se ha interpuesto entre lo que podría ser una relación fructífera entre Trump y su contraparte en Guatemala.
El verdadero tema de la reunión era convertir a Guatemala en un “tercer país seguro”, lo cual permitiría a Trump esquivar la obstrucción del Partido Demócrata. Cada mes, más de 100 mil migrantes por razones económicas abusan las leyes migratorias estadounidenses. Falsamente alegan que son perseguidos, lo cual es un requisito para obtener asilo. Las autoridades pueden detener a los migrantes que viajan con menores por 20 días y luego deben liberarlos en espera de su audiencia, que puede tomar años.
Pocos aparecen en sus audiencias, lo cual significa que en términos prácticos existe una puerta abierta hacia Estados Unidos.
Los demócratas creen que la inmigración ilegal les favorece para las elecciones de 2020 y no parecen dispuestos a cooperar con los republicanos para reformar las lagunas del proceso de asilo. Prefieren criticar a Trump por las condiciones de los centros de detención en la frontera que ellos mismos supervisaron, como un ladrón que rompe la vitrina de una tienda y se queja de haberse herido.
El acuerdo de “tercer país seguro” permitiría al Gobierno de EE. UU. negar audiencias de asilo a extranjeros que hayan estado en Guatemala. Es el caso de casi todos en la frontera, ya que Guatemala es la única ruta terrestre desde Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos. Este acuerdo ayudaría a Trump con su principal promesa de campaña de 2016 y 2020.
Posiblemente en reacción a los eventos en Guatemala, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un documento a ser publicado mañana en el Registro Federal que modifica los procedimientos de asilo. El Gobierno limitará la capacidad de los extranjeros de pedir asilo si ellos no lo solicitaron en “al menos un tercer país” por el cual hayan transitado. Aún así, el acuerdo con Guatemala mejoraría la posición de Trump políticamente y ante los inevitables desafíos legales.
Guatemala no se beneficia directamente del acuerdo. Le costaría dinero, el cual obviamente Estados Unidos podría pagar. El precio sería mucho menor a los miles de millones de dólares que los contribuyentes estadounidenses hoy están pagando por alojar a migrantes que no califican para el asilo.
El beneficio para Guatemala sería trabajar con Trump para cambiar la política de la era Obama-Biden que obstaculiza el desarrollo y mantiene la puerta abierta a los migrantes y las drogas ilegales. El Gobierno anterior acogía a Fidel Castro y a los sucesores de las guerrillas que él apoyó en Guatemala. Dichos grupos dominan las zonas rurales, donde obligan a los habitantes a destruir comercios, invadir propiedad privada y negar a la Policía el acceso a sus comunidades.
Barack Obama y Joe Biden abusaron el poder de EE. UU. al instalar en puestos claves de gobierno a aliados de los grupos sucesores de las guerrillas. En 2016 el embajador estadounidense amenazó con cárcel y confiscación de bienes para que organizaciones guatemaltecas nombraran a sus candidatos favoritos en el Ministerio Público y en la CC. Estas autoridades actúan políticamente, ignorando la ley, para llevar a cabo su programa socialista.
Con apoyo de la burocracia permanente del Departamento de Estado y muchos demócratas, la CC ha ilegalmente desestimado denuncias penales contra tres de sus miembros claves. Se han colocado de hecho por encima de la ley.
El comunicado de Morales sobre la cancelación de la reunión con Trump dijo que la reprogramación de la misma dependería del actuar de la CC. Varias personas presentaron pedidos de amparo contra el acuerdo con Trump. La CC debió haber desestimado inmediatamente dichas acciones por carecer de legitimación activa y por buscar protección contra un acto inexistente. La CC también violó la separación de poderes al aceptar el caso, puesto que la Justicia no tiene rol alguno en política exterior.
La CC otorgó el amparo preliminar y ordenó al presidente enviar el acuerdo inexistente al Congreso. Esto es como ordenar al presidente a cepillarse sus dientes en la mañana siguiente. Además de ilegal, el fallo fue puro show, aparentemente para intimidar a Morales y confundir al público.
La embajada nunca ha denunciado la obvia ilegalidad de la CC. Ahora no dicen nada sobre la acción ilegal de la CC que perjudica a su jefe, el presidente de Estados Unidos.
Junto con los demócratas y sus simpatizantes mediáticos, los aliados de la embajada han criticado abiertamente el acuerdo. Ellos argumentan falsamente que Guatemala tendría que absorber a todos los migrantes que están buscando ingresar a Estados Unidos, lo cual por supuesto no podría hacer. Una vez cerrada la laguna en el proceso de asilo, quienes migran por razones económicas dejarían de pedir asilo. Buscarían formas manifiestamente ilegales de ingresar, y Guatemala no sería su destino.
Guatemala rechazaría los pedidos falsos de asilo, los cuales disminuirían considerablemente, y no tendría que acoger a un gran número de personas.
Es altamente probable que el personal de la embajada estadounidense en Guatemala esté en contra del acuerdo e incluso esté detrás del intento de frustrarlo. Ellos han estado arreglando la elección presidencial de Guatemala a favor de una exguerrillera y vicepresidente de la Internacional Socialista, quien se uniría al eje Cuba-Venezuela-Nicaragua. Trabajar juntos en el acuerdo podría llevar a Trump a darse cuenta de esta traición, con consecuencias poco placenteras para muchos burócratas permanentes del Departamento de Estado.
Desde que Morales siguió a Trump y trasladó la embajada de Guatemala en Israel a Jerusalén, los socialistas que buscan imponer su ideología corrupta han estado preocupados de que ambos pudieran trabajar juntos para establecer el imperio de la ley en Guatemala y recuperar sus áreas fronterizas. La embajada, a través de una comisión corrupta de las Naciones Unidas, inventó cargos de corrupción contra Morales y advirtió al Gobierno Trump que no negociara con Morales.
Trump debería remover inmediatamente al embajador estadounidense en Guatemala y asegurarse de que su embajada lleve adelante su política exterior. Debería corregir la vergonzosa intervención de la embajada en la elección obviamente fraudulenta — públicamente elogiada por el embajador estadounidense— y apoyar los legítimos pedidos de repetir la primera vuelta del 16 de junio. Ambos países se beneficiarían de trabajar juntos, incluyendo el acuerdo de “tercer país seguro”.
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