Con temor de que un segundo periodo de Trump retroceda por generaciones su conquista nacional, los socialistas estadounidenses están recurriendo a medidas desesperadas. Los socialistas guatemaltecos temen lo mismo ante una victoria de Trump.
Los votantes estadounidenses, quienes tienen una orientación hacia el individualismo, nunca han acogido el socialismo. El presidente más socialista de la nación, Barack Obama, tuvo ventaja ante dos oponentes electorales débiles. Al tener un opositor fuerte en Trump para 2016, incluso el abuso de poder de Obama no pudo arreglar la elección a favor de la agenda socialista.
En 2020, los socialistas han tergiversado el Covid-19 y han creado disturbios para favorecer a Black Lives Matter, la plataforma inspirada en Fidel Castro, que incluye desfinanciar a la policía. Todo esto es un intento desesperado para vencer a Trump.
Los guatemaltecos tampoco han acogido el socialismo. Con la ayuda de las fuerzas armadas, la población indígena derrotó militarmente a la insurgencia apoyada por Castro que duró más de tres décadas. Puesto que los marxistas nunca se rinden, ellos firmaron acuerdos de paz en 1996 y –siguiendo el modelo del foro de Sao Paulo– se infiltraron en el gobierno. Están tratando de ganar poder desde adentro.
El gobierno de Obama y Biden preparó el escenario para la revolución en Estados Unidos y un régimen socialista en Guatemala. Iniciaron en 2010, al designar a una sucesora de la guerrilla como fiscal general. Desafiando a la presión estadounidense, las autoridades guatemaltecas rechazaron elegir de nuevo a la fiscal abiertamente criminal. Al percatarse que no tenía el poder suficiente para tomarse al Ejecutivo cuando su candidata socialista perdió en 2015, el ex vicepresidente Joe Biden intentó cooptar a la nueva Fiscal General y a la Justicia.
El equipo de Biden planeó robar las elecciones de 2019 a favor de la misma socialista que perdió en 2015: Sandra Torres. El ex embajador Todd Robinson lideró el esfuerzo y su sucesor Luis Arreaga lo continuó. De nuevo, los guatemaltecos rechazaron al socialismo derrotando a Torres.
El conglomerado socialista –sus ONG, el estado profundo, los medios desinformativos y los demócratas– están tratando de acumular suficiente control de las instituciones guatemaltecas para tomarse el poder ejecutivo en la elección de 2023. Ante el temor de una victoria de Trump en noviembre y que quizá no puedan controlar a William Popp, nominado en junio para reemplazar a Arreaga, el conglomerado está tomando medidas ilegales en este momento para robar las elecciones.
Biden manipuló al presidente de Guatemala para extender el mandato de la criminal Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU, que utilizaba la Embajada para controlar a la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual tiene la última palabra en asuntos judiciales. El periodo de la CC termina en 2021, y el conglomerado socialista quiere mantener el control para robar la elección de 2023.
Debido a que el expresidente Jimmy Morales no extendió el mandato de la Cicig, el conglomerado debe reconstituirla dentro del gobierno. Ellos buscan controlar la CC, el Ministerio Público, la Policía y la Corte Suprema (CS). El conglomerado se tomó a las dos primeras y luego Arreaga abusó de su poder para incluir operativos en la Policía. La Corte Suprema, sin embargo, fue más complicada. Los esfuerzos del conglomerado se convirtieron en noticia destacada que incluso llegó hasta el Congreso estadounidense.
La CS ha tenido dos funciones críticas para el conglomerado. (1) Tiene una designación para la CC, y el conglomerado quiere que la CS designe de nuevo a Gloria Porras como su magistrada clave. (2) Las denuncias penales en contra de los magistrados de la CC van a la CS para ser enviadas al Congreso. El conglomerado quiere asegurarse que la CS retenga las denuncias en contra de los magistrados de la CC para negar la deliberación del Congreso dispuesta constitucionalmente.
El periodo de los magistrados de la CS y las cortes de apelación expiró el 12 de octubre de 2019. La CC detuvo ilegalmente el proceso de selección para el periodo 2019 – 2024. Querían esperar a un Congreso más socialista como resultado del fraude electoral orquestado por Arreaga, una mejor oportunidad para llenar las cortes con sus compañeros.
Dos veces en este año, la CC ha demorado el proceso de designación de los magistrados. Emitieron órdenes ilegales para dar ventaja a sus aliados socialistas y eliminar a los otros. Intentaron detener ilegalmente al Congreso de procesar una denuncia pertinente en contra de las evidentes violaciones a la ley por parte de la CC. Tres de ellos fallaron en el caso de ellos mismos, pese a la obligación de abstenerse en tales circunstancias. Esto llevó al Congreso a interponer una demanda en su contra con la Fiscal General.
La Asociación de Magistrados presentó una denuncia penal en contra de uno de los jueces socialistas favoritos de Arreaga, Erika Aifán. Ella emitió un fallo ilegal para ayudar a eliminar a los candidatos a magistrados que se oponen al conglomerado. Arreaga arregló una reunión con sus embajadores socialistas amigos y, violando la ley diplomática, promocionó su apoyo por Aifán pese a su comportamiento criminal evidente en este y otros casos.
Increíblemente, los dos líderes del Subcomité de Asuntos Internacionales en el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de EE.UU. enviaron una amenaza al Congreso de Guatemala. Los representantes estadounidenses dijeron que puede haber sanciones en contra de los legisladores si continúan demorando el proceso de designación de magistrados y acciones legales en contra de la CC.
El conglomerado socialista ilustra a la intervención de los representantes como una posición oficial estadounidense para presionar al Congreso guatemalteco. Los guatemaltecos ignoran en gran medida que los dos miembros del subcomité de la Cámara de Representantes no pueden hablar por el gobierno y que solo la función ejecutiva puede imponer sanciones.
Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo no sancionarían a los congresistas guatemaltecos por actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes del país. Un estudio de evidencia pública revela que el Congreso hizo simplemente eso y la CC corrupta y públicamente demoró el proceso de designación.
Los guatemaltecos continúan resistiéndose al asalto socialista gestionado por sus ONG, los demócratas, el estado profundo y los medios desinformativos. Estos últimos no reportan lo que no encaja en su agenda y promueven propaganda de lo sí. Los votantes estadounidenses ahora son claves para derrotar a los socialistas.
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