La dictadura judicial de Guatemala orquestó una crisis constitucional

El estado profundo de EE.UU. aún implementa lo que Obama y Biden iniciaron

Guatemala tiene una dictadura judicial apoyada por los demócratas, el Estado profundo y la prensa corrupta. (Hans Splinter)

El cargo de los magistrados de la Corte Suprema en Guatemala ya no está vigente. Su periodo se ha terminado, pero ellos permanecen allí. Esta ocupación ilegal del poder no es un accidente. Es una clara maniobra para asegurarse que los jueces socialistas actúen conforme a los deshonestos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Estos últimos —con la última palabra en la interpretación de la Constitución— prefieren esperar al nuevo Congreso. Habrán más representantes socialistas debido al multifacético fraude electoral perpetrado por ellos y la Embajada de EE.UU. durante los últimos tres años y el día de la elección.

Una comisión oficial presenta una lista de candidatos, de la cual el Congreso escoge a los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones para el próximo periodo de cinco años que establece la Constitución. Este terminaría el 12 de octubre de 2024. La CC detuvo a la comisión, luego de que varios aliados socialistas se quedaron fuera de la lista.

El gobierno de Obama se tomó el Ministerio Público de Guatemala en 2010, al remover al ministro y reemplazarlo con una socialista, Claudia Paz y Paz. Luego de que el presidente Barack Obama delegara a su vicepresidente Joe Biden la dirección de la política exterior para Centroamérica, la Embajada presionó la inclusión de magistrados políticos en la CC en 2016.

La alianza perversa entre el Estado profundo y los demócratas, que tienen las mismas tendencias políticas, y los socialistas guatemaltecos se manifestó en julio, con el entorpecimiento de la firma del acuerdo de asilo con Estados Unidos. El embajador de EE.UU. Luis Arreaga y la CC intentaron terminar con el acuerdo mediante un fallo ilegal. No lo lograron, pues el presidente Donald Trump difícilmente es vencido y es más poderoso que ellos. Arreaga retiró su oposición al acuerdo de asilo, como si se tratara de una medida de corto plazo, para evitar escrutinio posterior.

El 16 de julio en la Casa Blanca, Trump dijo que la más alta corte de Guatemala había prohibido al Presidente firmar el acuerdo de asilo. Durante la firma del acuerdo el 26 de julio en el mismo lugar, un reportero preguntó al Ministro de Guatemala cómo podía firmar el acuerdo luego de que la Corte lo había rechazado, él respondió que la Corte no había hecho eso.

Evidentemente, Arreaga no informó a sus superiores de la verdadera e ilegal naturaleza del fallo de la CC del 13 de julio que hizo que el presidente Jimmy Morales cancele su visita a Trump para el día 15 del mismo mes. El hecho de que Arreaga no cuente esto a su jefe es prueba de su complicidad en el intento de terminar con el acuerdo.

La mayoría socialista en la CC ha emitido una serie de fallos ilegales desde el fiasco de julio. El último de estos fallos es tan audaz que confirma que se sienten invulnerables y empoderados. La CC ha dejado a Guatemala sin una Justicia constituida legalmente desde el 13 de octubre.

Arreaga volvió a confirmar su complicidad durante la visita del 8 de agosto de la Presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. Nancy Pelosi a Guatemala con una delegación de congresistas demócratas, tres días antes de la segunda vuelta de la elección presidencial de este país. Pelosi no se reunió con Morales, pero fue fotografiada en la residencia del Embajador entre las jueces Yasmin Barrios y Erika Aifán. Las dos tienen larga historia pública de fallos ilegales sustentados en su ideología que privan a los acusados de sus derechos constitucionales.

Pelosi y Arreaga estaban, esencialmente, impulsando a la CC y a las corruptas autoridades electorales para continuar con el fraude electoral. Señalaban que la amenaza de la intervención de Trump en Guatemala había disminuido.

Desde que Trump casi los descubre, la CC y Arreaga se han reivindicado y ahora están al mando. Luego de detener a la comisión nominadora, la CC emitió una opinión que indica que los actuales magistrados de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones pueden continuar ejerciendo luego del término de su periodo el 12 de octubre, hasta que sus reemplazos —aún por determinar— se hagan cargo.

José Luis González-Dubón, un experto legal y ex profesor de derecho constitucional, dijo a Impunity Observer, “Los periodos establecidos por la Constitución son inalterables. Los actuales magistrados están violando la ley y son vulnerables a acusación penal si realizan cualquier acción judicial oficial después de que su periodo haya vencido. La opinión de la CC no les da sustento legal. Ellos están obligados a conocer y ejecutar la ley de forma honesta. El fallo de la CC que interfirió con la comisión nominadora fue inconstitucional.”

Morales no ha actuado. Solo unos pocos miembros del Congreso han tomado acciones legales. Ahora Guatemala tiene una dictadura judicial apoyada por los demócratas, el Estado profundo y la prensa corrupta.

La crisis constitucional llega en un momento en el que el narcotráfico está alcanzando niveles alarmantes y la seguridad estadounidense quiere fortalecer al ejército de Guatemala. Las autoridades de EE.UU. saben que sólamente la fuerza militar puede combatir a los narcotraficantes. Sin embargo, esta estrategia se contrapone a las ambiciones de la función judicial y el Estado profundo, porque la protección que ellos brindan a los aliados socialistas ayuda a los narcotraficantes.

Trump debe ignorar sus instintos no intervencionistas y tomar un rol proactivo para ayudar a Guatemala a aplicar la ley adecuadamente. Él debe, al menos, controlar su Embajada que por tres años le ha perjudicado. El imperio de la ley, que impulsa el desarrollo económico, es la única vía para reducir el flujo de migrantes y drogas ilegales.

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Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, Epoch Times, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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