La encrucijada de Guatemala ante la nueva Corte de Constitucionalidad

Hay que resistir la presión de Biden y buscar la prosperidad

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Los guatemaltecos deben continuar insistiendo en que los magistrados sean leales a la Constitución. (CC.gob.gt)

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Desde 2016, cuando Joe Biden era el hombre clave de Obama en Guatemala, el país ha tenido una Corte de Constitucionalidad (CC) criminal y politizada. Los magistrados que él impuso han gozado del apoyo abierto de los legisladores demócratas y de los burócratas del Departamento de Estado que traicionaron al expresidente Donald Trump.

Conscientes de que Guatemala ha estado perdiendo su libertad, las instituciones del país han resistido la presión del ahora presidente Biden para nombrar a más de sus magistrados favoritos para el periodo 2021-2016 de la CC. Acceder a ello significaría cinco años más de fallos criminales.

El ejemplo más claro de resistencia es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Los abogados interactúan con la judicatura como parte de su profesión. Juan Francisco Sandoval, el fiscal criminal que el régimen de Biden apoya, presentó cargos criminales espurios contra el magistrado Mynor Moto para persuadir a los abogados a que no votaran por él para reemplazar por dos meses a un magistrado de la CC que había fallecido.

Moto ganó de todas formas, mostrando que la embajada estadounidense y Sandoval no tienen credibilidad en el Colegio. Sandoval presentó los mismos cargos de nuevo y la coconspiradora del régimen de Biden, la juez Erika Aifán, ilegalmente ordenó el arresto de Moto para mantenerlo fuera de la CC.

Como su representante ante la CC por el periodo 2021-2026, el Colegio eligió a Néstor Vázquez, quien obtuvo 25 % más votos que el candidato de Sandoval-Biden-Aifán, Francisco Rivas. Los directores trataron de inclinar la elección a favor de Rivas, pero no pudieron engañar a suficientes abogados.

Los tres organismos del Estado —el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial (la Corte Suprema), cuyos poderes han sido todos usurpados por la CC— nombraron a abogados que no pertenecen al grupo Sandoval-Biden-Aifán. Los guatemaltecos quieren que la Constitución prevalezca, lo cual no ha sucedido por cinco años.

La Corte Anticonstitucional

La CC ha emitido varios fallos ilegales y politizados que violaron la Constitución. Unos cuantos ejemplos: 

  • Los magistrados de la CC que integran en la mayoría un grupo de coconspiradores que presentan solicitudes de amparo. La Ley de Amparo requiere que el solicitante sea el agraviado. La CC acepta solicitudes que debería rechazar automáticamente y luego emite fallos ilegales.
  • La orden de cierre de las plantas hidroeléctricas Oxec violó la Constitución porque esta tiene prevalencia sobre el Convenio 169 de la OIT y cualquier tratado. Según la AmCham de Guatemala, el fallo de la CC puso en riesgo 445 mil trabajos y más de US$780 mil millones en ingresos fiscales. Dañó a los residentes legítimos del área.
  • El cierre de la mina San Rafael por parte de la CC ocasionó una pérdida de valor de $6 mil millones para sus antiguos dueños. Esto afectó severamente al área con puestos de trabajos e ingresos perdidos.
  • La CC ha violado la separación de poderes. Ordenó al Congreso que aprobara una ley ajustada a su criterio en el caso Oxec; que no aprobara una ley de reconciliación nacional que hubiera beneficiado a militares retirados; y que violara la Constitución al no dar trámite a acusaciones criminales contra los propios magistrados de la CC.
  • La CC violó la separación de poderes al revertir expulsiones de diplomáticos por parte del Ejecutivo, un poder otorgado exclusivamente al Ejecutivo por la Constitución. La CC ha ordenado que el canciller envíe cartas a extranjeros con texto dictado por la CC.
  • La CC conspira con jueces como Yassmin Barrios y Erika Aifán para perseguir sus objetivos políticos, tales como la familia Bitkov, el abogado Moisés Galindo, militares retirados y muchos otros. Los jueces de cortes de inferior jerarquía no podrían violar la ley tan abiertamente si la CC hiciera cumplir la ley.
  • La CC encubre a fiscales y jueces que protegen a grupos conflictivos a lo largo del país que obligan a pobladores a cometer crímenes contra empresas y autoridades. 
  • Los magistrados de la CC han sido juez y parte en casos que los involucran, un acto ilegal en cualquier país.

La CC está haciendo el trabajo del movimiento socialista que busca la migración de personas para agradar a sus colegas: los demócratas estadounidenses y los burócratas del Departamento de Estado. Como colectivistas, ellos quieren que las personas dependan del gobierno para que este ejerza un poder arbitrario sobre el país. 

Los guatemaltecos quieren oportunidad y seguridad. La CC y sus colegas colectivistas promueven la pobreza y la violencia siguiendo la estrategia de Fidel Castro y Lula da Silva creada en el Foro de San Pablo.

Los colectivistas de EE. UU. a la cabeza

Un grupo de guatemaltecos de esta alianza colectivista escribió en julio a la cabeza de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para quejarse de la resistencia a su plan. Acusaron a sus opositores de ser corruptos, así como los demócratas acusan a sus opositores de ser racistas. Los colectivistas meramente se proyectan sobre los demás. 

Doce organizaciones cívicas de Guatemala que representan a más de 1,4 millones de guatemaltecos enviaron una carta a los líderes republicanos en el Congreso de EE. UU. para explicar la ley y sus procedimientos. Ellos pidieron una investigación imparcial. Los crímenes de la mayoría de los magistrados de la CC son de público conocimiento.

El quinto nombramiento institucional de un representante a la CC le corresponde a la Universidad San Carlos. Una guarida de marxistas, esta universidad escogió a Gloria Porras, la líder de la corrupción de la CC nombrada en 2016 bajo presión del exembajador estadounidense Todd Robinson.

El proceso estuvo viciado. La votación fue a viva voz en lugar de ser secreta. Ellos votaron repetidamente hasta que aquellos a cargo pudieran intimidar a las personas a votar por Porras, quien tiene antecedentes públicos de corrupción y no tiene experiencia académica, un requisito del estatuto.

Se espera que representantes del régimen de Biden estén en Guatemala hoy. Ellos ya han premiado a Sandoval y Aifán, un mensaje de apoyo a los burócratas que la CC protege de procesos criminales. La embajada ha hecho muchos esfuerzos para intimidar a autoridades guatemaltecas a que nombraran a magistrados que ignorarán la Constitución y obedecerán los pedidos criminales de la embajada.

Los guatemaltecos deben apoyar a sus representantes para que no cedan a la extorsión, coerción y amenazas estadounidenses. Si el régimen de Biden rechaza esta descripción de los hechos, debería hacer públicas sus conversaciones con autoridades guatemaltecas y explicar por qué se entromete en asuntos judiciales de Guatemala. Las autoridades guatemaltecas deberían grabar cada palabra de sus conversaciones y hacerlas públicas.

Los guatemaltecos deben continuar insistiendo en que los magistrados sean leales a la Constitución y no sean influenciados en asuntos judiciales por nadie, incluyendo el régimen Biden y sus colegas colectivistas. Resistir la presión de EE. UU. para nombrar una nueva CC seleccionada por Biden daría a Guatemala una oportunidad de reparar el daño de la CC saliente de Biden, crear seguridad y oportunidades, y celebrar elecciones libres en 2023.

Steven Hecht

Editor at Large Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Epoch Times, BizPac Review, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media. He has appeared as a guest on national American media networks and programs, including the One America News, Newsmax, and The Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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