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El régimen de Biden ha convocado sigilosamente un foro en Washington D. C. para el 27 y 28 de octubre. Su verdadero propósito —contrario al propósito declarado de luchar contra la corrupción— es asegurar que la frontera de Guatemala con México siga abierta. Los inmigrantes ilegales pueden así seguir inundando nuestro país y convertirse en votantes del Partido Demócrata. El anfitrión sustituto del evento es la oenegé hondureña Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Las autoridades estadounidenses han detenido a más de 1,7 millones de inmigrantes en la frontera sur durante el año fiscal 2021, con un repunte tras la toma de posesión de Joe Biden. Esto no incluye a la cantidad desconocida de inmigrantes que escaparon a la detección. Esto es intencional e ilegal. Biden viola leyes migratorias y cualquier otra ley que esté obligado a ejecutar escrupulosamente y que entre en conflicto con su agenda.
Guatemala —la clave de la inmigración ilegal con sus 595 millas de frontera con México— es la única ruta terrestre desde Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos. Los migrantes de todo el mundo pasan ahora por las fronteras de Guatemala, y estas están abiertas gracias a Biden.
Durante la administración de Obama, Biden abusó de su poder para colocar a aliados criminales a cargo del poder judicial y el Ministerio Público de Guatemala. Los burócratas del Departamento de Estado de EE. UU. traicionaron su juramento y continuaron la política bajo Trump. Con el control de estos organismos estatales, los aliados de Biden podían encarcelar a cualquier opositor político sin pruebas y en violación de la ley, lo que hacían a menudo.
Los guatemaltecos se sintieron comprensiblemente intimidados por el poder estadounidense ejecutado a través de sus aliados locales. Al visualizar un futuro oscuro, los guatemaltecos resistieron este año la presión de Biden y nombraron magistrados independientes para la corte más alta, la Corte de Constitucionalidad. Sin el control del poder judicial y posteriormente la persecución penal, el régimen de Biden tuvo que tomar la delantera abiertamente para volver a imponer a sus aliados.
La USAID apoya el colectivismo y trata de imponer la cultura woke. La administradora Samantha Power condenó a la fiscal general de Guatemala por despedir a uno de sus aliados, el fiscal Juan Francisco Sandoval. El adjunto de Power insistió en que Sandoval fuera restituido.
Habiendo fracasado, están juntando fuerzas y elaborando estrategias en el foro del 27 y 28 de octubre. Aunque el régimen de Biden tiene intereses en Honduras y El Salvador, su principal objetivo es Guatemala por su ubicación geoestratégica.
En la invitación al foro figura USAID como uno de sus donantes. Un asesor de USAID del gobierno de Biden figura también como orador, junto con la congresista demócrata Norma Torres, una abierta partidaria de la criminalidad. Todo esto y la celebración del evento en Washington D. C. indican que el CNA solo sirve de fachada para la agenda de Biden de restituir a sus aliados criminales en el poder en Guatemala. El foro es para intimidar a los guatemaltecos y que estos se sometan.
Los estadounidenses pueden aprender de esto lo que se avecina si no despertamos y resistimos.
Los tres ponentes principales del foro son el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez, la ex fiscal general de Guatemala Thelma Aldana y Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (despedido en julio). Ninguno de los tres puede entrar a Guatemala sin arriesgarse a ser detenido. Su escándalo más notorio está relacionado con la infame Odebrecht, que incluyó a Estados Unidos y a 10 países latinoamericanos. Odebrecht se declaró culpable en un tribunal federal estadounidense de soborno y pagó una multa de US$2.600 millones.
Guatemala es el único país que no ha sido indemnizado por Odebrecht. Sandoval viajó a Brasil como turista y entregó a Odebrecht una exención por la demanda de $384 millones de Guatemala en su contra a cambio de $18 millones aún no pagados. El procurador de Guatemala presentó una denuncia penal contra Sandoval por usurpación de funciones. Él no tenía autoridad para conceder una exención.
Aldana y Velásquez son responsables. La primera porque, como jefa, autorizó el viaje, y el segundo porque la CICIG era querellante adhesivo.
Sandoval tiene una orden de detención pendiente contra él. Los cargos no son públicos, ya que el acta de acusación aún está bajo reserva. Sin embargo, las fuentes de CNN dicen que las acusaciones son por “incumplimiento de deberes y obstrucción de la acción penal”. La orden de detención de Aldana es por malversación de fondos. Mientras estaba en el cargo, ella compró un edificio que no cumplía con los requisitos gubernamentales por el doble de su valor, según el Ministerio de Finanzas.
Velásquez fue el peor de los tres porque gozaba de inmunidad diplomática. Un informe de cuatro grupos cívicos detalló la criminalidad de la CICIG. La Comisión de Helsinki de Estados Unidos expuso la colusión de la CICIG con Rusia contra una familia rusa que había huido de la persecución de Vladimir Putin. El ex presidente Jimmy Morales denunció la criminalidad de la CICIG en las Naciones Unidas y posteriormente expulsó a la CICIG del país.
Estas son las personas que el régimen de Biden intenta volver a colocar en el poder con el dinero de nuestros impuestos. Sus crímenes son de público conocimiento. Los medios de comunicación asociados a Biden no informan de la ilegalidad oficial doméstica o extranjera. Los demócratas en el Congreso no actúan, lo que los convierte en cómplices.
El régimen de Biden también instrumentaliza la justicia contra sus oponentes domésticos mientras hace la vista gorda a sus aliados, como Black Lives Matter y Antifa. Si esto continúa, nos convertiremos en lo que era Guatemala cuando los aliados de Biden gobernaban. Sus aliados enviaban a la cárcel a cualquiera que se opusiera a ellos.
La estrategia de los gestores de Biden coincide con la polarización marxista. Todo el mundo tiene derecho a la ideología que elija. Ninguna ideología puede destruirnos o convertirnos en una dictadura sin violar la ley. La criminalidad oficial es nuestro problema. Debemos detenerla, independientemente de la política, antes de que destruya nuestra república constitucional.
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