La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, es una funcionaria clave en la lucha contra el crimen transnacional, un asunto que el presidente de EE. UU., Donald Trump, y su equipo han señalado como una prioridad. Ella ha aplicado firmemente la ley pese a las represalias delictivas que el régimen de Joe Biden ha perpetrado en su contra. Para lograr sus objetivos, Trump debería revisar la trayectoria de Porras e invitarla a la Casa Blanca.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que la fiscal general Pam Bondi buscará extradiciones desde Guatemala. Mientras tanto, el Ministerio Público de Guatemala (MP) tiene órdenes de captura internacionales contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval y la exfiscal general Thelma Aldana. Ambos son flagrantemente corruptos y han estado viviendo en Estados Unidos, pero el régimen de Biden los ha protegido de la extradición.
Bondi debería extraditarlos inmediatamente a Guatemala. Esto enviaría un mensaje audaz de que Estados Unidos está del lado del imperio de la ley en América Latina y no dará refugio a los fugitivos de la región.
Rubio, al partir de Guatemala el 5 de febrero, enfatizó la importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos de extraditar fugitivos a dicho país. Rubio prometió “cortar la cabeza de la serpiente de un grupo transnacional particularmente peligroso… Vamos a trabajar muy de cerca con nuestro nuevo fiscal general y el Departamento de Justicia [para priorizar] nuestras solicitudes de extradición de manera que se alineen con nuestro objetivo estratégico.”
La Embajada antiestadounidense no tolera a la fiscal pro EE. UU.
El Departamento de Estado (DOS) sancionó a Porras en 2021 e intervino ilegalmente en un intento de impedir su reelección en 2022. A pesar de esto, Porras mantuvo su cargo. El Departamento de Justicia incluso elogió a las fuerzas del orden guatemaltecas el 16 de marzo de 2023 por su cooperación sin precedentes en extradiciones de traficantes de personas. En esa declaración, se debería haber mencionado la participación indispensable de Porras.
El mismo patrón acaba de repetirse. Una publicación de la Embajada de EE. UU. en X del 27 de febrero sugiere que la hostilidad hacia Porras continúa. La publicación se jactaba de la extradición de Abelardo Villatoro a Estados Unidos, pero no mencionó a la única persona responsable: Porras. La fiscal general —una funcionaria autónoma que no está sujeta a la autoridad presidencial— es la única funcionaria guatemalteca con la autoridad para solicitar extradiciones.
La hostilidad del régimen de Biden hacia Porras ha sido absoluta. Las sanciones del DOS del 20 de septiembre de 2021 contra Porras fueron por “socavar activamente las investigaciones realizadas por el fiscal especial contra la impunidad, incluyendo el despido de su principal fiscal, Juan Francisco Sandoval.” Porras explicó el 23 de julio de 2021, cuando despidió a Sandoval, que él había obstruido una investigación, entre otras cosas.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) había enviado una denuncia penal al MP el 2 de agosto de 2019 sobre el mal uso de una subvención de USAID. Nueve meses después de la salida de Sandoval, su reemplazo obtuvo 14 órdenes de arresto en el caso. El DOS continuó elogiando a Sandoval. El entonces secretario de Estado Antony Blinken incluso escribió a Sandoval el 9 de mayo de 2022: “Tienes mi profundo respeto y admiración… Con aprecio por tu liderazgo”.
El DOS ha afirmado que Porras procesó corruptamente a jueces y fiscales por haber luchado contra la corrupción. Sin embargo, abundantes pruebas públicas mostraron que aquellos a quienes Porras procesó lo merecían. El DOS estaba defendiendo a sus peones que habían cometido crímenes para ejecutar su agenda.
El senador Mike Lee (R-UT) envió una carta el 8 de diciembre de 2022 a Blinken cuestionando las sanciones del DOS. Lee citó evidencia de que el DOS y USAID aplicaron sanciones con criterios políticos en lugar de legales.
Protegiendo al hijo favorito del régimen de Biden
Los esfuerzos del DOS contra Porras se intensificaron después de las elecciones del 25 de junio de 2023. Luego de recibir más de 1.000 denuncias sobre las elecciones presidenciales, el MP inició una investigación.
El DOS afirmó que Bernardo Arévalo había ganado y falsamente sostuvo que Porras no tenía ninguna función en las elecciones. En respuesta a una petición de Arévalo, la Corte de Constitucionalidad ordenó a Porras continuar con la investigación y presentar sus hallazgos ante las autoridades competentes.
El 12 de diciembre de 2023, el MP presentó sus hallazgos ante la autoridad electoral. Dos millones de votos de un total de 5,6 millones estaban desaparecidos, lo que era suficiente para anular la elección. El DOS intimidó a los jueces para que no aplicaran la ley y así asegurar que Arévalo fuera investido y no destituido de la Presidencia.
El régimen de Biden impuso a Arévalo, con el objetivo de mantener a Guatemala abierta al flujo de migrantes ilegales y drogas como parte de su agenda para inundar nuestro país con ellos.
Blinken y su asistente, Brian Nichols, admitieron ante el Congreso en 2024 que habían extorsionado a congresistas guatemaltecos en un intento de remover a Porras de su cargo. Porras informó a la Corte de Constitucionalidad que los esfuerzos inconstitucionales de Arévalo para destituirla constituían una “amenaza real, cierta e inminente” que podría resultar en ataques contra su “integridad física y vida.”
Porras defiende firmemente el imperio de la ley
A pesar de ser demonizada y atacada por el régimen de Biden, el DOS y su marioneta Arévalo, Porras ha persistido valientemente en la aplicación de la ley. Ella es la mejor oportunidad de la administración Trump para combatir más eficazmente el crimen transnacional proveniente de América Latina.
La publicación de la Embajada en X sugiere sutilmente a los guatemaltecos, especialmente a los jueces, que la hostilidad del DOS hacia Porras continúa. Para revertir la agenda de Biden y promover la suya propia, Trump debería cancelar inmediatamente las sanciones contra Porras y sus fiscales, reemplazar al embajador Tobin Bradley y al jefe adjunto de misión Patrick Ventrell, e invitar a Porras a la Casa Blanca.
En ese viaje, Porras debería reunirse con Bondi, el director del FBI Kash Patel, la secretaria del DHS Kristy Noem, el zar fronterizo Tom Homan, Rubio y líderes del Congreso. Como resultado, el mensaje para los guatemaltecos y otros latinoamericanos sería que Trump habla en serio sobre revertir la traición de Biden.
