Embajador de EE.UU. impone el socialismo a plena vista de Trump

El desafiante estado profundo está trabajando duro en coaccionar a Guatemala

Arreaga (izquierda) está ocupado colocando a sus aliados en el gobierno de Guatemala. (US Embassy Guatemala)

Read in English.

El embajador de Estados Unidos para Guatemala, Luis Arreaga, ha dado órdenes de ejecución a Guatemala. Así lo informó Prensa Libre el 30 de enero.

Él dijo que el presidente Alejandro Giammattei, quien asumió el cargo el 14 de enero, “quiere ser el mejor aliado de EE.UU”. Sin embargo, no queda duda sobre a cuál Estados Unidos se estaba refiriendo Arreaga –al de sus aliados del estado profundo, y no al del presidente Donald Trump–.

Arreaga hizo alusión específicamente al Congreso de Guatemala. Dijo que Estados Unidos está listo para apoyar las leyes que promuevan el desarrollo económico y, para “ellos que no quieran cooperar, vamos a saber quiénes son”.

Arreaga y sus defensores pueden hacer pasar a todo esto como una estancia en contra de la corrupción. No obstante, quien esté familiarizado con la política exterior de EE.UU. en Guatemala desde 2010, incluyendo con lo que Arreaga ha hecho estos dos últimos años, sabe que esto es imperialismo.

El embajador y su antecesor, Todd Robinson, ha tratado de imponer legislación socialista y enmiendas constitucionales en Guatemala. Han culpado al sector privado y al Congreso por las demoras en su plan. Para remediarlo, Robinson y Arreaga trabajaron cuatro años para amañar la elección de 2019 a favor de sus aliados socialistas. Casi lo logran.

El abogado y activista político Giovanni Fratti dijo a Impunity Observer que “al menos 22 de 160 escaños en el Congreso fueron obtenidos de forma fraudulenta por los socialistas, lo que implica alrededor de 600.000 a un millón de votos entre un total de 7 millones de electores”. El resultado supera considerablemente al récord de la extrema izquierda en elecciones anteriores.

Robinson y Arreaga usaron al partido político UNE, el cuál apoyó unánimemente a Nicolás Maduro en Venezuela, como el vehículo para tomarse Guatemala. Como su principal beneficiario del masivo fraude electoral de los embajadores, la UNE controla 54 puestos del Congreso. Sin embargo, Arreaga todavía necesita más apoyo para imponer su agenda, por eso, las amenazas.

El ex vicepresidente Joe Biden usó la ayuda financiera estadounidense para apalancar la extensión el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU en 2015. Supuestamente como una entidad consejera del fiscal general, la Cicig asumió el control del proceso penal y se convirtió en un ariete corrupto de la Embajada de EE.UU.

Con amenazas de revocatoria de visas y acción penal en contra de diputados, Robinson abusó de su poder en 2016 para forzar la asignación de sus aliados socialistas a la Corte de Constitucionalidad (CC), la última palabra en asuntos judiciales en Guatemala. Ya con la Justicia y la persecución penal en sus manos, el Embajador persiguió a opositores políticos sin evidencias y en violación de la ley.

Desde su llegada en 2017, Arreaga tomó las riendas donde Robinson las dejó. Él utiliza al enjuiciamiento penal y a la Justicia en contra de sus adversarios políticos. Bajo este contexto, las advertencias de Arreaga a los diputados son amenazas significativas para ellos y para quien sea que le muestre resistencia.

Arreaga también mencionó: “hay representatividad de los tres poderes y del sector privado –quienes– es clarísimo que han participado en actividades de corrupción… no vamos a tolerar actos de corrupción, narcotráfico y abuso de Derechos Humanos”.

Arreaga dijo que los inversores quieren reglas claras y certeza jurídica, las cuales a su vez generarán beneficios para los guatemaltecos. Añadió que la elección de magistrados es muy importante para esto, sin mencionar que sus aliados de la CC evitaron que esto ocurriera en octubre como lo establece la constitución. Arreaga esperó que el fruto de su fraude electoral asuma el cargo.

Grandes donantes se abstuvieron de apoyar a partidos políticos y candidatos en la elección de 2019, debido a la intimidación de Arreaga. Él les dejó claro en privado que iniciaría cargos contra ellos y que sus bienes serían confiscados si lo ignoraban. La sombra persiste en la legislación deseada por Arreaga.

Arreaga gobierna Guatemala –en contra de lo que dicta la política de Trump– y no importa cuán razonables parezcan sus palabras para quienes desconocen su agenda. Arreaga es el líder de la corrupción y de los abusos a los derechos humanos en Guatemala, y sus acciones han facilitado el narcotráfico.

La CC ha emitido varios fallos ilegales en todos los campos desde 2016. Sus magistrados han ordenado a las autoridades a no procesar acciones legales en contra de ellos mismos. Han interferido en las responsabilidades de las funciones ejecutiva y legislativa. La CC ha cerrado empresas privadas ilegalmente y ha aumentado el desempleo, la violencia y la migración.

Incluso más reprochable es el daño que la Justicia y el Ministerio Público, manejados por Arreaga, han ocasionado a los guatemaltecos más pobres y vulnerables. Ellos protegen a grupos violentos sucesores de las guerrillas que fueron apoyadas por Fidel Castro en el conflicto armado interno (1960 – 1996). Estas bandas criminales obligan a los residentes de zonas rurales a destruir negocios, invadir propiedad privada e impedir el acceso de las autoridades a estas áreas. La resultante ausencia del Estado, especialmente a lo largo de las fronteras, facilita el tránsito de migrantes y drogas ilegales.

El periódico La Hora ha informado que las autoridades interceptan menos del 1% de los narcóticos que pasan a través de Guatemala. El resto continúa su rumbo hacia Estados Unidos.

En un desagradable giro orwelliano, Human Rights Reports del Departamento de Estado repite las mentiras de los sucesores de la guerrilla y los llama defensores de los derechos humanos.

Trump amenazó con tarifas de importación, restricciones de visas, e impuestos a las remesas hacia Guatemala que suman $9.000 millones cada año luego de que Arreaga y sus aliados de la CC intentaron truncar el acuerdo de asilo de 2019. En una declaración pública inusual, los magistrados de la CC dijeron que no habían impedido el acuerdo. Arreaga ahora lo elogia para desviar la atención de Trump de él y sus aliados de la CC.

Arreaga está ocupado colocando a sus aliados en el gobierno de Giammattei. Los esfuerzos del Estado profundo para imponer al socialismo en Guatemala también perjudican los intereses de EE.UU., y los esfuerzos seguirán hasta que Trump los detenga.

Nombrar a alguien con conexión directa al secretario de Estado Mike Pompeo y a Trump –que sea externo a la burocracia del Departamento de Estado– como reemplazo inmediato de Arreaga sacudiría la estructura socialista en Guatemala que lidera Arreaga. Esto permitiría cooperación efectiva entre Estados Unidos y Guatemala, beneficiando a los dos países.

Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, Epoch Times, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

More Posts