La Corte de Constitucionalidad le dio la espalda a la Constitución

Una vez más, las ONG financiadas con fondos extranjeros reciben un respiro

Arreaga ONG

Muchas ONG en Guatemala ignoran la misión declarada y se convierten en una amenaza para el orden público. (Ricardo Mendez Ruiz)

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Un fallo reciente de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, evidenció que las organizaciones progresistas del país, lideradas por el embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, favorece a las ONG financiadas con fondos extranjeros sobre la Constitución. En lugar de exigir la rendición de cuentas para todos, los magistrados de la CC garantizaron privilegios e impunidad para las organizaciones que operan sus propias agendas al margen de la ley.

El tribunal otorgó un amparo provisional a organizaciones de derechos humanos, en contra de una nueva ley que fue aprobada a finales de febrero con el objetivo de arrojar luz sobre las finanzas de las ONG, muchas de ellas poco encubiertas por socialistas agitadores y apologistas de la ilegalidad.

Actualmente las ONG en Guatemala no reciben suficiente supervisión ni están obligadas a rendir cuentas. Varias de ellas están bajo investigación por apropiación indebida e incumplimiento de contratos. Los legisladores querían asegurarse de que las autoridades tuvieran el poder necesario para monitorear y expulsar a las entidades extranjeras, como cualquier gobierno soberano está facultado.

Guatemala y las ONG: una relación complicada

Para comprender cómo Guatemala llegó a un punto en que las ONG se convirtieron en una amenaza a la seguridad nacional, debemos mirar hacia el pasado. La historia del país con las ONG se puede dividir en tres períodos: 1) antes de la década de 1980, 2) la transición a la democracia de la década de 1980 y 3) desde los acuerdos de paz de 1996 hasta nuestros días.

Antes de la década de 1980, la presencia de ONG en Guatemala era mínima. La primera ola vino de Alemania y tenía vínculos con partidos políticos alemanes, como la Fundación Konrad Adenauer. Otras, provenían de iglesias y organizaciones religiosas de diferentes países que brindaron, en la mayoría de los casos, ayuda humanitaria.

Tras el inicio de la era democrática, a raíz de la Constitución de 1985, Guatemala abrió sus puertas a activistas extranjeros interesados ​​en ayudar al desarrollo del país. Por ejemplo, en 1987, la Fundación Friedrich Ebert estableció una oficina permanente en la ciudad capital y comenzó a colaborar con los partidos políticos emergentes.

Los acuerdos de paz de 1996 pusieron fin a un sangriento conflicto armado interno entre los terroristas marxistas y el Estado guatemalteco. Muchos guerrilleros dejaron las armas, se rebautizaron como activistas de los derechos humanos y fundaron sus propias ONG.

Esto está alineado a la estrategia adoptada en el Foro de São Paulo, una reunión anual de socialistas latinoamericanos iniciada en 1990 por el cubano Fidel Castro y el brasileño Lula da Silva. Cuando las revoluciones violentas fracasaron en América Latina y la mayoría de las guerrillas se disolvieron, los comunistas cambiaron a la subversión desde lo interno.

Con el fin del conflicto armado y la reducción de la presencia militar en las áreas rurales del país, las ONG llenaron ese vacío. Más tarde, también trataron de penetrar el Ejecutivo, el poder judicial y la Oficina del Fiscal General al dirigir el nombramiento de aliados a puestos clave. Los principales actores en ese sentido fueron la administración Obama, que trabajaba a través de la embajada de Estados Unidos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de la ONU que operó en el país entre 2006 y 2019. La embajada y la CICIG se hicieron cargo de la CC y la Fiscalía General de la Nación. Al trabajar con las ONG sucesoras de la guerrilla, esta confabulación se convirtió en un poderoso vehículo para obligar a los legisladores y otros funcionarios electos y nombrados a someterse a su agenda de imposición socialista, financiada con fondos extranjeros.

Hoy, Guatemala es el segundo país después de Brasil con más agencias de la ONU y al menos otras 115 ONG que reciben fondos de Estados Unidos, Suecia, Países Bajos, Francia y otros países que también tienen presencia en el país.

Los donantes en países lejanos contribuyen de buena fe con las causas de estas organizaciones. Sin embargo, no pueden hacer un seguimiento al dinero. Muchas ONG afirman que usan sus fondos para, por ejemplo, promover el emprendimiento femenino. Estas organizaciones, en cambio, ignoran la misión que han declarado y se convierten en una amenaza para el orden público de Guatemala. Los socialistas han creado o tomado el control de algunas de estas organizaciones, como CODECA, que organiza protestas y bloqueos en contra del desarrollo en las áreas rurales. CODECA roba electricidad de la red de distribución nacional utilizando conexiones ilegales y la vende a los consumidores a un precio más barato.

El gobierno guatemalteco también financia varias ONG. En 2019, según el diario local de Centro América, 64 ONG recibieron más de US$92 millones. El marco legal actual les permite fingir que organizan seminarios y talleres con grupos de la sociedad civil y grupos de expertos, cuando realmente promueven y financian una agenda ideológica destructiva.

En 2013, la oficina de rendición de cuentas del gobierno del país encontró irregularidades en 30 ONG que no cumplieron con las normas de construcción, con sus contratos o recibieron fondos públicos ilegalmente.

Una misión: defender la Constitución

La CC está pisoteando el documento que se supone debe defender. Y lo hace para proteger a los aliados que intentan imponer el socialismo en Guatemala.

En términos formales, la resolución de la CC que impide la promulgación de la ley es ilegal porque va en contra de un acto ya consumado: el Congreso y el Presidente aprobaron y sancionaron el proyecto de ley a finales de febrero. Es decir, el tribunal no puede suspender una ley que ya ha sido promulgada, sancionada y publicada. Si la acción hubiese sido por inconstitucionalidad, el tribunal podría haber otorgado una suspensión temporal de la ley.

Cualquier argumento a favor de la inconstitucionalidad sería falso porque la ley está completamente respaldada por la Constitución Política de la República de Guatemala, que otorga al Congreso el poder de alterar la legislación existente y al presidente el poder de limitar los derechos constitucionales en caso de “perturbación grave de la paz, o actividades contra la seguridad del Estado”.

Esta no es una norma arbitraria y draconiana como afirman los sindicatos, activistas y partidos de oposición. Cualquier organización acusada bajo la ley puede apelar la decisión y buscar la reparación en la corte.

Desde el comienzo de la era democrática, el poder ejecutivo de Guatemala ha acatado con las resoluciones legales. Es la Corte de Constitucionalidad, repleta de globalistas pro-CICIG, que nuevamente se están extralimitando en sus funciones, bloqueando a las otras ramas gubernamentales para que no cumplan con sus obligaciones legales.

Otras resoluciones ilegales del CC incluyen: ordenar a las autoridades que no procesen acciones legales en su contra, interferir en las responsabilidades ejecutivas y legislativas, y el cierre ilegal de empresas privadas.

Lejos de ignorar el fallo, el presidente Alejandro Giammattei acordó presentar un nuevo proyecto de ley para corregir los problemas que señaló el amparo provisional de la CC.

El insensible desprecio de la corte por los argumentos legales coincide con su siniestra agenda y dependencia a sus socios estadounidenses. La embajada de Estados Unidos tuiteó su oposición a la ley. El subsecretario de Estado de EE.UU. para asuntos del Hemisferio Occidental hizo lo mismo. Seis representantes estadounidenses, incluidos los sospechosos demócratas habituales, Norma Torres y Eliot Engel, instaron a Giammattei a vetar el proyecto de ley. La transparencia creada por la nueva ley podría conducir a la revelación de la colaboración del Departamento de Estado de los EE. UU., con las ONG contra las políticas de la administración Trump. Esto incluye robarse las elecciones generales guatemaltecas de 2019 y un esfuerzo fallido para arruinar y descarrilar el acuerdo de asilo con Estados Unidos.

Incluso con la CICIG fuera del juego, los jueces todavía gobiernan Guatemala, no los representantes elegidos por el pueblo. Si Guatemala no aplica la ley a los magistrados de la CC, la República corre el riesgo de caer en la tiranía.

Fergus Hodgson contribuyó a este artículo.

Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Epoch Times, BizPac Review, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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