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Respondiendo a una pregunta sobre América Latina durante su conferencia de prensa del 19 de enero, el primer país que Joe Biden mencionó fue Guatemala. Sin embargo, todo lo que Biden dijo acerca de este aliado crucial era lo opuesto a la verdad, sin matices.
Biden dijo: “Estamos teniendo muchas dificultades en compensar los errores cometidos durante los cuatro años anteriores”.
Si bien no enumeró los errores de Donald Trump, una mirada a la migración ilegal hacia Estados Unidos durante su administración y la de Biden revela esa afirmación como una mentira. El flujo de inmigrantes ilegales, el cual aumentó tras la asunción de Biden, es el resultado directo de sus políticas.
Cuando Trump asumió el cargo, los fallos de jueces se convirtieron en leyes que evitaban que el gobierno detuviera por más de 20 días a solicitantes de asilo que viajaban con menores. Debido a que los demócratas se rehusaron a encontrar una solución legislativa, Trump celebró un acuerdo con Guatemala que permitió procesar solicitudes de asilo fuera de Estados Unidos.
Guatemala y sus vecinos no tienen persecución que justifique solicitudes de asilo. Los migrantes buscan trabajos y mejores ingresos. Los demócratas se refieren a migrantes que huyen de la violencia, pero huir de la violencia no es motivo de asilo. Si lo fuera, Canadá estaría obligada a dar asilo a muchas personas de ciudades estadounidenses.
Quienes migraban por razones económicas dejaron de hacerlo cuando supieron que no podrían entrar a Estados Unidos con falsas solicitudes de asilo. Una de las primeras medidas de Biden en la Casa Blanca fue cancelar los acuerdos de Trump y volver a procesar solicitudes de asilo en Estados Unidos. Eso fue una invitación abierta para la inmigración ilegal.
Más de 1,3 millones de migrantes ilegales fueron arrestados durante los primeros nueve meses del gobierno de Biden. Podría llegar a los 2 millones en su primer año. Nadie sabe cuántos migrantes entraron al país sin ser detectados. Probablemente, el número es mucho mayor. Esto no puede ser un accidente ni resultado de la incompetencia. Biden está inundando el país con inmigrantes ilegales a propósito.
En su conferencia de prensa, Biden presumió de que él fue capaz de “proveer miles de millones de dólares” a Guatemala y a países vecinos cuando él era vicepresidente. Biden afirma que él ayudó a mitigar la migración. En realidad, él la aumentó usando fondos estadounidenses para imponer a socialistas en el gobierno de Guatemala.
Biden viajó a Guatemala tres veces durante 12 meses para exigir al presidente de Guatemala que extienda el mandato de la CICIG. En la tercera reunión, el presidente de Guatemala pidió a Biden que no realizara ninguna declaración pública sobre la CICIG. Más tarde ese mismo día, según el expresidente, Biden dijo a la prensa que “la CICIG se queda, punto”. Comparen eso a la declaración de Biden en su conferencia de prensa: “No impondremos lo que sucederá en cualquier otra parte de este continente”.
En colusión con los esbirros de Vladimir Putin, la CICIG ilegalmente encarceló al refugiado Igor Bitvok, a su esposa y a su hija. La Oficina de Prevención de la Tortura de Guatemala informaron que las juezas Erika Aifán y Yassmin Barrios, ambas premiadas por el Departamento de Estado de Biden, habían torturado a los Bitkov durante su detención preventiva.
En 2018 la CICIG fue expuesta como una organización criminal en Estados Unidos. La Comisión Helsinki de Estados Unidos celebró una audiencia, y el Wall Street Journal y el National Review vincularon a la CICIG y a Putin con la persecución de los Bitkov. Judicial Watch informó que el comisionado colombiano de la CICIG, Iván Velásquez, estaba alineado con “las FARC, la violenta guerrilla marxista”.
Todd Robinson, el exembajador estadounidense en Guatemala, usó a la CICIG como un ariete para controlar al Congreso de Guatemala e imponer a su aliada en la corte más alta del país. Esa corte cerró negocios, persiguió a enemigos políticos y protegió a aliados, incluyendo a los sucesores de las guerrillas apoyadas por Fidel Castro. Biden premió a Robinson en 2021 al nombrarlo director de la división antinarcóticos del Departamento de Estado.
Incluso bajo Trump, el Departamento de Estado permitió a la alta corte violar la separación de poderes e intervenir ilegalmente en funciones de las ramas legislativa y ejecutiva. Trump pudo cerrar el acuerdo con Guatemala porque el gobierno guatemalteco, comprendiendo la traición del Departamento de Estado hacia Trump, lo pasó por encima e hizo que el ministro del Interior tratara directamente con su contraparte, el secretario de Seguridad Nacional.
Paralelamente al acuerdo de asilo, Trump y Guatemala acordaron un programa de trabajadores temporales que hubiera permitido que hasta 1 millón de guatemaltecos trabajaran legalmente en Estados Unidos y luego retornaran a su país. Esto satisfacía las necesidades de ambos países y hubiera reducido significativamente la migración ilegal a Estados Unidos. Biden lo canceló el año pasado.
En su conferencia de prensa, Biden se refirió al “terriblemente peligroso viaje” que los migrantes hacen cruzando México. Las mujeres son violadas; los niños sufren tremendamente; y los migrantes se endeudan a perpetuidad con los cárteles criminales. Un programa de trabajo temporal evitaría esto, pero el régimen de Biden desvergonzadamente induce a los migrantes a realizar el peligroso viaje para crear lo que ellos creen serán nuevos votantes demócratas.
Varios exfuncionarios guatemaltecos que cometieron crímenes son fugitivos de la justicia con protección del régimen de Biden en Estados Unidos. El régimen debe evitar que se descubran las actividades criminales del Departamento de Estado en Guatemala.
El régimen de Biden ataca constantemente a las autoridades de Guatemala, quienes están intentando recuperar a su justicia penal del control del Departamento de Estado. Tres días antes de la conferencia de prensa de Biden, el Departamento de Estado condenó a la fiscal general de Guatemala por presentar cargos criminales contra Aifán. Ella había usurpado ilegalmente la autoridad de la Corte Suprema al tomar un caso contra un aliado del Departamento de Estado para blindarlo de la persecución.
Al proteger a Aifán por un crimen evidente, el Departamento de Estado actúa como si estuviera por encima de la ley y no tuviera que rendir cuentas, así como Biden lo hizo el 19 de enero con sus burdas mentiras al pueblo estadounidense y al mundo.
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