El principal enemigo de la democracia guatemalteca es extranjero

El Departamento de Estado es el problema (Parte 1)

El principal enemigo de la democracia guatemalteca es extranjero. Los votantes deberían ver lo que el DOS ha hecho en los últimos 13 años.

En todas las elecciones, los votantes guatemaltecos dicen que los temas más importantes son la seguridad y las oportunidades. (Flickr)

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Nota del editor: esta es la primera entrega de una serie de cuatro secciones sobre el interés del Departamento de Estado de Estados Unidos en las elecciones guatemaltecas de 2023. Lee la segunda entrega aquí, la tercera aquí y la cuarta aquí.

En todas las elecciones, los votantes guatemaltecos dicen que los temas más importantes son la seguridad y las oportunidades. El obstáculo más grande para lograr estos objetivos es el Departamento de Estado estadounidense (DOS).

Los votantes deberían ver lo que el DOS ha hecho en los últimos 13 años. Los guatemaltecos también deberían insistir en que los candidatos presidenciales y del Congreso expresen claramente sus posiciones en asuntos clave. Esto ayudará a identificar a los que apoyan al DOS y a los propensos a doblegarse ante la presión del DOS.

La traición del DOS: Del 2010 hasta hoy

Las guerrillas firmaron los acuerdos de paz de 1996 porque habían fallado en su intento de derrocar al gobierno. Adhiriéndose al plan del Foro de San Pablo, las exguerrillas transicionaron del combate armado a la subversión interna. En 2010, el DOS tomó el control del liderazgo de este esfuerzo, usando palabras orwellianas de democracia como fachada.

El DOS abusó de su poder en 2010 para imponer a Claudia Paz y Paz como fiscal general. Ella ejecutó la agenda del DOS pero falló –debido a sus crímenes– en obtener la reelección. Esto sucedió a pesar de los mejores esfuerzos del DOS para apoyarla. Después de que el DOS le dio a su sucesora la elección de unirse a ellos o ir a la cárcel, Thelma Aldana siguió por el mismo camino que Paz y Paz.

Al darse cuenta que controlar la persecución penal era insuficiente, el DOS usó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de Naciones Unidas como un ariete para la selección de Gloria Porras para la Corte de Constitucionalidad (CC). Luego, usando el Partido UNE como testaferro, el DOS cambió la Ley Electoral para robarse las elecciones de 2019.

La CC del DOS fue la peor corte en la historia de Guatemala y quizás una de las peores en la historia mundial. Para promover la agenda del DOS, la CC constantemente violó la Constitución que había jurado defender. A pesar de los crímenes obvios de la CC y su daño a Guatemala, el DOS repetitivamente elogió y defendió a la corte.

Muchos guatemaltecos no están conscientes de esto debido a que el DOS y sus aliados exacerbaron la corrupción de los medios de comunicación. Los principales medios promovieron propaganda del DOS y suprimieron la verdad, justo como sucede ahora en Estados Unidos. Este engaño de los medios se aplicó particularmente a la CC y la CICIG.

Como su principal defensor y alma gemela ideológica, el DOS controló la CICIG. Los funcionarios del DOS estaban aterrorizados de que el presidente Jimmy Morales trabajara con su supuesto jefe: el presidente estadounidense Donald Trump. El DOS hizo que la CICIG persiga ilegalmente a Morales y su familia. El DOS entonces advirtió a Trump que no trabaje con él por los cargos de corrupción que el DOS había creado.

Esto llevó a que Morales expulse a la CICIG, un gran retroceso para el DOS. El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, consecuentemente se volvió la cabeza de la agenda del DOS.

Para el momento que el mandato de la CC terminaba en 2021, las autoridades guatemaltecas estaban conscientes que la CC había perjudicado significativamente al país: había menos inversión, menos creación de empleos y un aumento de violencia. Ellos seleccionaron magistrados que no seguirían con la agenda del DOS.

Sin el control del DOS sobre la CC, la fiscal general Consuelo Porras podría aplicar la ley al grupo de jueces y fiscales corruptos del DOS. Ella despidió a Sandoval por, entre otras razones, obstruir una investigación —el caso Asodefir— empezado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre el desvío ilegal de fondos de USAID.

Para proteger a sus agentes criminales, el DOS violó la ley estadounidense de 2020 que creó la Lista Engel. El DOS arbitrariamente empezó a sancionar a sus adversarios políticos en 2021, incluyendo a Porras, para luchar contra sus procesamientos. El DOS sostuvo que Porras había obstruído la justicia por, entre otras cosas, haber despedido a Sandoval —aunque sus crímenes eran ya de conocimiento público—.

Al DOS no le importa el debido proceso, así como al DOS no le importa que sus agentes cometan crímenes contra otro departamento gubernamental estadounidense.

El DOS necesita que el nuevo presidente esconda sus crímenes

Los enjuiciamientos criminales de agentes del DOS —Sandoval, la exjueza Erika Aifán, Aldana y otros— trae consigo muchos riesgos para el DOS. El año pasado, miembros del Congreso estadounidense preguntaron mucho sobre la interferencia del DOS en el proceso de selección de fiscal general de 2022 y la mala utilización de sanciones. El DOS ignoró o evadió las preguntas porque sus almas gemelas demócratas controlaban ambas cámaras del Congreso.

Si el Congreso con la nueva mayoría republicana busca respuestas a estas preguntas, el DOS podría ser expuesto por sus acciones criminales en Guatemala. Esto incluiría al exembajador Todd Robinson amenazando a miembros del Congreso guatemalteco para nombrar a Gloria Porras para la CC, un crimen por el que un funcionario puede ser enjuiciado en Estados Unidos.

El 7 de junio, la congresista Maria Elvira Salazar (R-FL), presidenta del Subcomité de la Cámara de Asuntos Extranjeros en el Hemisferio Occidental presionó a Robinson —ahora jefe del INL, la oficina antinarcóticos del DOS— sobre su trabajo con Porras. Robinson respondió: “Estamos trabajando con aquellos fiscales que creemos que pueden ser útiles y no están trabajando de manera antidemocrática o corrupta”.

Si el INL trabaja con el Ministerio Público, como lo hace la DEA, el INL debe trabajar con los fiscales que Porras selecciona por mandato constitucional. No trabajar bajo este acuerdo con el Ministerio —por ejemplo, con fiscales específicos escogidos por Robinson— sería ilegal. Robinson respondió desacertadamente o admitió cometer crímenes.

Robinson y sus colegas de carrera del DOS están teniendo escrutinio del Congreso y será difícil esconder sus crímenes.

El DOS podría evitar la exposición de sus crímenes si el siguiente presidente encuentra la forma de sacar a Consuelo Porras fuera del Ministerio e imponer un sucesor que el DOS controle. Con el control de la presidencia, el DOS puede abusar del poder para deshacer los enjuiciamientos a los agentes criminales del DOS y volver a obtener el control de la CC y el Congreso.

El DOS entonces continuaría con sus esfuerzos para imponer el colectivismo inmoral en Guatemala.

Nota del editor: la segunda entrega se enfoca en cómo identificar a los candidatos favorecidos por el DOS.

Steven Hecht

Editor at Large Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Epoch Times, BizPac Review, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media. He has appeared as a guest on national American media networks and programs, including the One America News, Newsmax, and The Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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